Obligatoriedad de cursar alta de autónomo según el Salario Mínimo Interprofesional

Una duda que se nos plantea con demasiada frecuencia y que se encuentra bastante extendida es sobre la obligación de darse de alta de autónomo para aquellas personas que ejerciendo una actividad por cuenta propia, económica o profesional, perciben unos ingresos mínimos que en muchos casos nos les alcanza para pagar siquiera la cuota de autónomo.

Por desgracia con relativa normalidad a estos potenciales autónomos se les condena a permanecer, pese a que desearían regularizar su situación, en la economía sumergida.

Y es que el sistema obliga a que todas aquellas personas que ejercen una actividad, empresarial o profesional, por cuenta propia estén debidamente inscritos en el censo de empresarios y profesionales de la Agencia Tributaria.

Asimismo quedarán obligados a presentar autoliquidaciones mensuales o trimestrales e ingresar, en su caso, los impuestos que correspondan, (IVA, retenciones de empleados y/profesionales, de arrendamientos de locales de negocio, pagos fraccionados de la actividad, etc.), así como los resúmenes y liquidaciones anuales que procedan según la normativa aplicable.

Pues bien, dado el intercambio de información entre los distintos organismos públicos, como son Hacienda y Seguridad Social en este caso, y la potestad de indagación e investigación que les faculta por ejemplo a instar a terceros a facilitar información sobre un determinado contribuyente, pueden originar determinados supuestos en los que se detecte por los órganos gestores o inspectores de uno u otro organismo que una determinada persona se encuentra de alta en ceso de empresario y no está dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos o en ninguno de estos supuestos, pese a en base a la información obtenida se desprenda que se ejerce una actividad económica.

Ámbito fiscal

La Ley del IVA reputa empresarios o profesionales entre otros a los siguientes:

  • a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo. No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.
  • b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.
  • c) Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes.

A su vez la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que se consideran rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas.

Es decir, según la normativa tributaria vigente, se considera que un contribuyente, persona física, percibe rendimientos de actividades económicas cuando ordena por cuenta propia medios de producción y/o recursos humanos con la finalidad de ofrecer al mercado bienes y servicios.

Debemos advertir que las normativas, tributaria y laboral, son estantas en el sentido que la preceptiva alta en el censo de empresarios o profesionales no acarrera el alta simultánea en cualquiera de los regimenes de la Seguridad Social.

No existe ninguna disposición dentro de la extensa normativa fiscal que obligue a darse de alta de autónomo, esto es un mito que hay que desmentir.

Por tanto se puede facturar sin estar dado de alta de autónomo sin perjuicio que estemos incurriendo en alguna infracción en el orden social de lo que a continuación nos ocupamos.

Ámbito social

La legislación de la Seguridad Social, (art. 2.1 y concordantes del Decreto 2530/1970) establece como norma la obligación a darse de alta como autónomos si se ejerce de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo y aunque se utilice el servicio remunerado de otras personas, sea o no titular de empresa individual o familiar.

Pues bien, aquí encontramos una de los mayores escollos por lo que innumerables empresarios o profesionales ocasionales o a tiempo parcial no cursan sus respectivas altas como autónomo y permanecen en la economía sumergida durante largos periodos de tiempo, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas.

Y es que la obligación de darse de alta, según la interpretación laxa que ha llevado a cabo la Tesorería General de la Seguridad Social, es independiente del nivel de ingresos y del tiempo de dedicación a la actividad económica o profesional, cuestión que ha motivado que desde distintos colectivos de autónomos se proponga, ante la evidente previsión legal, la flexibilización del régimen de autónomo, para hacerlo más acorde con la realidad económica que vivimos.

Después de la reiterada Sentencia del Supremo del año 1997, que ha venido a corregir esta laguna legal, se entiende que no existe "habitualidad" en el ejercicio de una actividad económica, y por tanto se exime de la obligación de darse de alta de autónomo, cuando no se alcanzan unos determinados umbrales de ingresos, en este caso, se habla en la sentencia del salario mínimo interprofesional que suponga la principal fuente de subsistencia del empresario o profesional.

Por tanto a partir de esta sentencia y subsiguiente jurisprudencia menor, se considera que el criterio del montante de la retribución es aceptable para apreciar el requisito de la habitualidad y que la superación de esta cifra, que está fijada precisamente para la remuneración de una entera jornada ordinaria de trabajo, puede revelar también en su aplicación al trabajo por cuenta propia, la existencia de una actividad realizada con cierta permanencia y continuidad, teniendo además la ventaja, como indicador de habitualidad del trabajo por cuenta propia, de su carácter revisable.

Si bien debemos advertir que existen otros elementos que pueden concurrir y que nos permitirían apreciar que se realiza o no una actividad económica o profesional de manera habitual y directa, cuestión que merecerían un estudio más detenido. Imaginemos que un empresario o profesional tiene empleados, local u oficina arrendada para el ejercicio de la actividad, volumen de facturación alto con una gran periodicidad, o que es a su vez empleado por cuenta ajena en otra empresa y se dedica ocasionalmente a determinadas actividades económicas, etcétera. Cuando se dieran estas circunstancias, excepto la última, no sería lógico negar el ejercicio habitual de una actividad económica y por tanto su inherente obligación de darse de alta de autónomo.

Conclusión

A pesar de que la sentencia deja claro el concepto de habitualidad y la subsiguiente obligación, de cumplir con este requisito, de darse de alta como autónomo, existe todavía cierta resistencia por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en aceptar pacíficamente estos supuestos de exclusión de la obligatoriedad de alta de autónomo, e incluso se han dado supuestos en los que, detectada el alta en censo de empresarios de Hacienda y tras el oportuno expediente administrativo, proceden a dar un alta de oficio, conminando al empresario al pago de las cuotas de autónomo. Esto por supuesto sería rebatible en instancias, primero administrativas y después judiciales, pero no causan más que quebraderos de cabeza al empresario por lo que sería conveniente que el legislador, lege ferenda, hiciera uso de las competencias legislativas que tiene encomendadas para modificar el régimen especial de autónomo que tendiera a flexibilizarlo y adecuardo a las circunstancias actuales (actividades a tiempo parcial, microjobs, etcétera.).

Por todo lo expuesto y salvo mejor opinión en Derecho, debemos concluir este informe advirtiendo que no existen respuestas concluyentes sobre la obligatoriedad o no, de quedar incluido en el régimen especial de trabajadores autónomos y a la consiguiente obligación de pagar las cuotas de autónomo, pese a percibirse ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional en el cómputo anual, cuyas cuantías asciendieron en los años precedentes a las siguientes:

  • Año SMI Día SMI Mes
  • ---- ------- --------
  • 2003 15,04 € 451,20 €
  • 2004 15,35 € 460,50 €
  • 2005 17,10 € 513,00 €
  • 2006 18,03 € 540,90 €
  • 2007 19,02 € 570,60 €
  • 2008 20,00 € 600,00 €
  • 2009 20,80 € 624,00 €
  • 2010 21,11 € 633,30 €
  • 2011 21,38 € 641,40 €
  • 2012 21,38 € 641,40 €
  • 2013 21,51 € 645,30 €

Sin perjuicio de las implicaciones sociales que hemos analizado y del posible alta o no en el régimen especial de autónomo, desde la perspectiva fiscal existe obligación de darse de alta en el censo de empresarios y profesionales de la Agencia Tributaria y, por supuesto, de declarar los ingresos obtenidos en la actividad desde el momento en que se perciben rendimientos del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, que tengan su origen en la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.


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Edición: Agosto 2013
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