Procedimiento para reducir el IVA por créditos incobrables

La entrada en vigor de la Ley 4/2008, ha alterado el artículo 80 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre que regulaba el procedimiento para modificar las bases imponibles derivadas de facturas incobrables. Esta novedad ha venido a atenuar en cierta medida los requisitos exigidos en la anterior normativa. Aun así nos parece insuficiente la medida, ya que en cualquier caso, los requisitos exigidos la convierten en prácticamente impracticable y totalmente inoperante para los autónomos y pymes, que como sabemos, son los más afectados por los créditos incobrables.

Nos parece aconsejable dadas la proximidad al cierre del IVA 2008 y la presentación de las liquidaciones del último trimestre del ejercicio, considerar el efecto que la nueva normativa, en vigor desde el día 24 de diciembre, posee y cómo puede afectar sobre las cuotas devengadas de IVA de los empresarios y pymes en caso de impago de las facturas por parte de sus clientes.

Comparando ambas disposiciones legales, podamos observar como el legislador ha pretendido únicamente reducir el plazo exigido para considerarse la factura incobrable.

Procedemos a indicar los requisitos para facultar al sujeto pasivo a modificar las bases imponibles y consecuentemente las cuotas de IVA con motivo de la consideración de las deudas parcial o totalmente incobrables:

  • Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo.
  • Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros exigidos para este Impuesto.
  • Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquella, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros.
  • Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor, y no desista de la acción en ningún término.

La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del periodo de un año y comunicarse a la Administración Tributaria.

Creemos que si la verdadera intención del legislador fuera la de paliar los graves inconvenientes que el impago de facturas tiene sobre los autónomos y pymes de este país, debería haber eliminado el requisito de la reclamación judicial previa, así como el hecho de que desistimiento del procedimiento judicial en cualquier instancia produce automáticamente el deber del sujeto pasivo de reintegrar las cuotas de IVA. Bajo nuestro criterio esta sugerencia es debida a los elevados costes y plazos de resolución a considerar, que disuaden a cualquier empresario o profesional o la mayoría de las pequeñas y medianas empresas a emprender acciones judiciales.

Añadir por último que ha sido aprobada la Directiva 2010/45/UE, del Consejo, de 13 de julio, por la cual faculta, por tanto no obligatorio, a los Estados miembros trasponer a sus legislaciones nacionales ciertas normas de interés en la materia del Impuesto.

A través de esta nueva norma comunitaria se autoriza a los Estados a introducir en favor de las pequeñas y medianas empresas un régimen por el cual, puedan declarar y abonar sus cuotas de IVA cuando se perciba el cobro de las facturas que las generaron.

En este sentido tenemos que decir también que existen en la actualidad algunas propuestas legislativas del grupo parlamentario popular en el Congreso al respecto que no han recibido, a decir verdad, el beneplácito y apoyo suficiente por parte del Gobierno. Pueden consultarse las noticias relacionados en nuestro blog.

También puede consultar nuestro boletin Gastos deducibles de su pyme y encuéntrese en todo momento bien informado. No deje pasar el tiempo y cuente con asesoramiento personalizado, suasesor siempre responde.


Edición Enero 2009 - Actualización: Julio 2010
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