Delitos económicos en el Código Penal

Procedemos como complemento a la publicación relativa a la responsabilidad de administradores de sociedades mercantiles a resumir de manera concisa los delitos económicos tipificados por nuestro Código Penal como son, el Delito contra la Hacienda Pública (antes conocido como Delito Fiscal) y el Delito Contable. Actualizado recientemente.

Si al leerlo desea realizar una consulta llámenos al 952 82 62 39 o bien consulte a su asesor fiscal.

Delito contra la Hacienda Pública:

Atendiendo al artículo 305 del Código Penal, a continuación C.P., se entiende por Delito de defraudación tributaria, aquella acción u omisión que signifique una defraudación a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, obteniendo indebidamente devoluciones, o disfrutando indebidamente de beneficios fiscales, siempre que el importe de lo eludido u obtenido indebidamente exceda de 120.000 euros, €en virtud de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de enero de 2004.

El delito puede cometerse tanto por acción (presentación de declaración inveraz o incorrecta) como por omisión (no presentando declaración estando obligado a su cumplimiento).

Sobre la cuantía defraudada, si se trata de tributos o declaraciones periódicas se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración. Si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. Sin acumulación de varios años y menos de tributos diversos.

En los tributos instantáneos la cuantía se entenderá refererida a cada uno de los conceptos declarados.

La cuantía defraudada es la de la cuota tributaria, no incluyendo ni intereses de demora, sanciones administrativas o recargos de ningún tipo.

Sobre la autoría, estamos aunte un delito especial propio, donde según la jurisprudencia reiterada del TS, el autor del delito sólo puede ser el propio sujeto pasivo tributario. (Excepción de administradores de hecho o de derecho que actúan en representación de una persona jurídica, o en nombre o representacion legal o voluntaria de otro).

Según la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/2003, la responsabilidad que se deriva de la gestión efectiva de una persona jurídica recae directa y solidariamente sobre la persona o personas que la gestionan.

Podrán ser responsables, a título de inductor, cooperador necesario o cómplice (artículos 27 a 29 C.P.), el asesor fiscal, quien proporcione las facturas falsas, etc.

Se trata de un delito doloso, nunca imputable a tíjtulo de culpa o negligencia, lo cual comprende la consciencia o conocimiento de los deberes fiscales y la voluntad de realizar la conducta típica.

No habrá delito en los casos de ignorancia de la ley, interpretación equivocada de la misma, error o negligencia en la gestión empresarial, etc. Generalmente no se admitirá por los tribunales que empresario o profesional trate de eximirse de culpa alegando desconocimiento de sus obligaciones fiscales más elementales, mientras que si se deriva de la aplicación incorrecta de normas de cierta complejidad la misma Administración se abstiene de denunciar y continúa el expediente por la vía administrativa.

Sobre el plazo de prescripción, el artículo 131.1 C.P., establece que prescribirán a los 5 años los delitos contra la Hacienda Pública, así como que el plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día en que se haya cometido la infracción punible.

La pena señalada en el C.P. es de uno a cuatro años de prisión y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. La condena podrá imponer también la responsabilidad civil consistente en el abono a la Hacienda de la cantidad defraudada, pudiendo atribuirse la responsabilidad directa al autor del delito, o subsidiariamente a la sociedad mercantil en cuyo nombre actuaba el autor, o a un cómplice (artículos 120 y 116 C.P.)

El Delito contable

Se castigan cuatro modalidades de conducta, partiendo todas ellas de que el sujeto esté obligado por ley a llevar contabilidad mercantil o libros o registros fiscales, distinguiéndose entre:

a) Incumplimiento absoluto.

b) Realización de contabilidades paralelas A y B.

c) Falta de anotación operaciones o transacción económicas o haberlas anotado con cifras distintas.

d) Haber realizado anotaciones ficticias, por ejemplo, basadas en facturas falsas.

Para éstos dos últimos supuestos, basta que se hayan omitido declaraciones tributarias o que las presentadas sean reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía exceda sin compensación entre ellas de 240.000 €.

El delito prescibre a los tres años de su comisión y que comienza a contar desde la consumación del delito, siendo vital, ver caso por caso para establecer cuando se realiza la comisión del delito.

En el caso de que en base a la contabilidad se hayan liquidado tributos, la comisión del delito se produce cuando vence el plazo voluntaria para la presentación del mismo.

Como resumen, podemos concluir que es conveniente contar con un asesoramiento jurídico preventivo, debido a las innumerables causas que pueden derivar en responsabilidad civil y penal, y no tan solo para administradores de sociedades mercantiles o representantes legales de no residentes, sino incluso para sus asesores fiscales, responsables subsidiarios de delitos fiscales, como hemos tenido ocasión de ver en el presente informe.

Antes de acabar esta publicación, debemos advertir que ha sido objeto de modificación el régimen de responsabilidad penal de administradores y sociedad por la Ley 5/2010, de 22 de junio, por la que se reforma el Código Penal, en la cual se endurecen ciertas penas establecidas en el mismo.

Entre las medidas que se plantean y que pueden resultar de interés para el lector de esta publicación, se encuentra la modificación de los artículos 305, 306 y 307 CP relativos a la defraudación a la Hacienda Pública, estatal o autonómica, a las Comunidades Europeas, y a la Seguridad Social, siempre que la cuantía defraudada exceda de los 120.000 euros, cifra que se mantiene en los mismos términos que la anterior regulación. Sin embargo ha sido objeto de modificación, en el proyecto ley, la pena a imponer por el ius puniendi del Estado, que se eleva de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada, a uno a seis años y multa del tanto al séxtuplo.

Asimismo se ha introducido la ficción de considerar a las sociedades como autores formales, al margen de los materiales, de ciertos delitos como los que nos ocupa esta publicación.

Edición: Junio 2008 - Actualización: Junio 2010
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