Operaciones vinculadas

Tras la aprobación de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la prevención del Fraude Fiscal, se exige que la valoración de los bienes y servicios prestados entre personas o entidades vinculadas se realice al precio normal de mercado, es decir, al que hubiera de aplicarse en el caso de que las personas o entidades fueran totalmente independientes y en condiciones de libre competencia.

Ámbito de aplicación

Este asunto puede parecer que no le afecte en absoluto y por tanto carece de la más absoluta importancia, aunque no más lejos de la realidad, ya que cualquier empresario que tenga una nómina en la empresa que dirige, debe cumplir con los requisitos legales exigidos por esta Ley, en la cual, se establece un régimen sancionador de importancia.

Los supuestos de vinculación vienen regulados en el artículo 16 del TRLIS, que establece que serán vinculadas, entre otras, las siguientes operaciones:

  • - Operaciones entre una entidad y sus socios o partícipes.
  • - Operaciones entre una entidad y sus consejeros o administradores.
  • - Operaciones entre una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios partícipes, consejeros o administradores.
  • - Dos entidades que reúnan las circunstancias requeridas para formar parte de un mismo grupo.
  • - Una entidad y los socios o partícipes de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan al mismo grupo.
  • - Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas pertenezcan al mismo grupo.
  • - Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes de otra entidad cuando ambas sociedades pertenezcan al mismo grupo.

Documentación obligatoria y Régimen sancionador

Una novedad significativa que introduce el nuevo régimen de operaciones vinculadas la constituye la obligación de mantener a disposición de la Administración Tributaria la documentación que reglamentariamente se establezca.

Al fin, ayer Martes 18, se publicó en el B.O.E. el RD 1793/2008, de 3 de noviembre de modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Recordamos que este desarrollo estaba pendiente desde la publicada de la citada Ley.

Introduce diversas modificaciones de importancia, sobre todo para las pymes, a las cuales se preveía que iban a imponer más requisitos documentales que los que finalmente han introducido en el Real Decreto.

Próximamente iremos incluyendo datos y partidas de interés para los suscriptores de este boletín de manera que pueda conocer de primera mano, las particularidades y cómo le afecta esta nueva disposición.

Con respecto al régimen sancionador y con una redacción bastante confusa, se han introducido dos nuevas infracciones tributarias que vienen motivadas por las siguientes circunstancias:

  • - No aportar o aportar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos la documentación exigible en esta Ley.
  • - Declarar en el Impuesto sobre Sociedades, IRPF o IRNR un valor que no coincida con el valor normal de mercado que se derive de dicha documentación.

La sanción tributaria variará en función de que proceda efectuar correcciones valorativas por la Administración Tributaria o no, en la siguiente proporción:

  • - Cuando no proceda efectuar correcciones valorativas, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 1.500 euros por cada dato y 15.000 euros por conjunto de datos, omitido, inexacto o falso.
  • - Cuando proceda efectuar correcciones valorativas, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 15% sobre el importe de las cantidades que resulten de las correcciones valorativas de cada operación, con un mínimo del doble de la sanción que correspondería en el caso de que no procediera efectuar correcciones valorativas.

Ajustes bilaterales: Alcance de las correcciones

El carácter bilateral de los ajustes practicados por la Administración se traduce en una vinculación de esta última en las valoraciones practicas a un sujeto pasivo en relación con el resto de personas o entidades vinculadas, es decir, si valora una operación en una cuantía determinada, deberá mantener esa misma valoración para el resto de personas o entidades vinculadas, aumentando o reduciendo las bases imponibles de todas ellas.

Resolver esta cuestión no es valadí, sino que debemos darle la importancia que en efecto merece, pues en caso de comprobación o inspección se pueden derivar consecuencias fiscales de importancia, al margen del régimen sancionador al incumplir los requisitos de documentación que establece la Ley en su artículo 16, como resultar modificadas las bases imponibles de ambas entidades o personas vinculadas, y por consiguiente, las cuotas tributarias resultantes.

Consideraciones finales

La Administración, con esta medida ha pretendido acotar el área de discrecionalidad, por no decir, libertad absoluta en el que se movían las entidades o personas vinculadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, estableciendo unos criterios objetivos de valoración de los bienes y servicios que se prestan entre entidades o personas vinculadas. Asimismo, esta Ley, de manera indirecta, restringe la deducibilidad de gastos por adquisición de bienes o servicios prestados entre personas o entidades vinculadas al cumplimiento de que obligatoriamente supongan para su destinatario una ventaja o utilidad, de manera que aquellos gastos que no reporten a su destinatario ninguna ventaja o utilidad no serán fiscalmente deducibles.

Si es usted propietario de una pyme de la cual cobra un salario, sepa que debe justificar su trabajo, cumpliendo objetivamente con los requisitos de documentación establecidos en el Código de conducta sobre documentación de precios de transferencia, y una vez aprobado el reglamento en ciernes, por este último, y su remuneración deberá estar valorada al precio normal de mercado que para su categoría profesional cobraría un trabajador no vinculado a la empresa.

Novedad: La AEAT ha hecho públicos hoy 27 de marzo una nota conteniendo los criterios de tributación de los socios de sociedades mercantiles, que tanto debate habían suscitado desde la entrada en vigor del régimen de operaciones vinculadas. A tal efecto puede consultar los criterios interpretativos que realiza la Agencia Tributaria.

Asimismo las personas o entidades vinculadas deberán mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación que se establezca reglamentariamente. La documentación a la que se refiere este boletín no será exigible, en virtud del Real Decreto 6/2010 , de 9 de abril, a las personas o entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo sea inferior a ocho millones de euros, siempre que el total de las operaciones realizadas en dicho período con personas o entidades vinculadas no supere el importe conjunto de 100.000 euros de valor de mercado.

No obstante, deberán documentarse en todo caso las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que residan en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.


Conozca todos los gastos fiscalmente deducibles que puede incluir su pyme leyendo nuestro informe.

Edición: Noviembre 2008 - Actualización: Marzo 2012
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