Responsabilidades de Administradores

Primeras consideraciones

Dentro del ordenamiento jurídico español se establecen diversas normativas relativas a las responsabilidades que pueden derivarse a administradores de sociedades, así como a colaboradores en la comisión de infracciones y delitos, tales como abogados, asesores fiscales, entre otros.

Hemos diferenciado la normativa contemplada en la Ley General Tributaria (Ley 58/2003), de la introducida a su vez por la Ley Concursal (Ley 22/2003), así como dos apartados a nuestro entender vitales para la comprensión de la responsabilidad global derivada de la prestación de servicios profesionales, como son, el Delito contra la Hacienda Pública y el Delito Contable, que podrá acceder más tarde, no antes de realizar una lectura del presente informe.

Ley General Tributaria y su régimen de responsabilidad

Atendiendo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que como sabemos, introdujo importantes modificaciones en cuanto al régimen de responsabilidades por infracciones y sanciones tributarias, son responsables solidarios de la deuda tributaria, (totalidad de la deuda en el periodo voluntario, además de los intereses una vez transcurrido el plazo voluntario sin haber realizado el ingreso correspondiente), junto al deudor principal, aquellos personas o entidades:

  1. Que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción.
  2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales de dichas entidades.

También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades:

  1. Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.
  2. Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.
  3. Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos embargados o de aquellos bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la medida cautelar o la garantía.
  4. Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos.

Así mismo la Ley contempla en su artículo 43 un régimen de responsabilidad subsidiaria, que recordamos, supone que en primer lugar la administración perseguirá los bienes del deudor principal, y resultando este hecho imposible, por resultar insolvente o declarado en concurso de acreedores, procederá a perseguir los bienes del responsable subsidiario.

Son responsables subsidiarios, los administradores de hecho o de derecho de las sociedades con personalidad jurídica, que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para elcumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.

Así como los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.

En el caso de concurrencia de varios obligados tributarios, éstos quedarán solidariamente obligados frente a la Administración al cumplimiento de todas las prestaciones.

Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en los términos previstos en la legislación civil.


Leyendo estos fragmentos de artículos apenas transcritos, nos da cierta sensación de que los poderes públicos han pretendido atar en corto a administradores y representantes legales de entidades, estableciendo un régimen de responsabilidades todocomprensivo y omnipotente, que les faculta para, respetando los principios constitucionales, escudriñar y descubrir conductas fraudulentas con mucha más libertidad y profundidad de la que contaban con la legislación por esta Ley derogada.

Ley Concursal y estado de insolvencia

Abordamos a continuación la normativa introducida por la reciente Ley 22/2003, Concursal, cuyo alcance ha supuesto una unificación de los procesos de quiebra y suspensión de pagos que existian anteriormente a la entrada en vigor de esta Ley, recordamos Septiembre 2004, para personas que no ejercían el comercio, y aquellos otros en cambio que se dedicaban a una actividad comercial.

Esta Ley ha introducido importantes novedades en cuanto al régimen de responsabilidad de Administradores de Sociedades con personalidad jurídica, modificaciones que pasamos a considerar.

Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.

Se ha modificado el artículo 104 de la LSL, en cuanto a la obligatoriedad de aumentar o reducir el capital social en la medida necesaria y suficiente a consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal.

La Ley introduce el deber de los administradores de convocar la Junta General en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución o inste el concurso. Su incumplimiento determinará la responsabilidad solidaria de los administradores por todas las deudas sociales.

La declaración de concurso no constituye, por sí sola, causa de disolución, pero si en el procedimiento se produjera la apertura de la fase de liquidación la sociedad quedará automáticamente disuelta.

Debe tener en cuenta que el régimen de responsabilidad penal de los administradores y sociedades ha sido objeto de modificación por la Ley 5/2010, de 22 de junio, por la que se reforma el Código Penal, así como más recientemente aprobación de la Ley Orgánica 7/2012 de 27 de diciembre, por la que se modifican los artículos 305 y siguientes del CP.

Concluimos recomendándole contar con un asesoramiento jurídico preventivo, debido a las innumerables causas que pueden derivar en responsabilidad civil y penal, y no tan solo para administradores de sociedades mercantiles o representantes legales de no residentes, sino incluso para sus asesores fiscales, responsables subsidiarios de delitos fiscales, como hemos tenido ocasión de ver en el presente informe.

Puede leer el régimen de responsabilidad derivado del Delito Fiscal y Delito Contable, estando a su disposición para cualquier aclaración que precise sobre cómo le afecta la normativa al régimen de responsabilidad como administrador. Contacte con SuAsesor, siempre respondemos.

Edición: Mayo 2008 | Actualización: Diciembre 2012
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