Los salarios de tramitación tras la reforma laboral

Debemos empezar este informe aseverando que la Reforma Laboral aprobada en 2012, ha traído consigo la práctica eliminación de los llamados “salarios de tramitación” por diversos motivos explicitados en la exposición de motivos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Los salarios de tramitación son aquellas percepciones salariales que debe abonar el empleador por cada día que el trabajador se encuentre desempleado como consecuencia del despido injustificado o nulo, desde el día siguiente a la extinción y hasta que sea reconocida o declarada la improcedencia del despido.

Efectivamente, según el artículo 49 y ss del Estatuto de los Trabajadores, el despido puede venir causado por diversos motivos y ante una reclamación judicial podrá ser declarado procedente, improcedente o nulo.

Con anterioridad a la reforma, existía la obligación de abonar los salarios de tramitación en los dos últimos supuestos, esto es, cuando el despido era declarado improcedente o nulo. En este último supuesto se entendía que no había existido despido en sí por concurrir causas discriminatorias prohibidas por nuestra Constitución o por la Ley o que atentaban contra derechos fundamentales y libertades públicas del empleado, entre otros motivos relacionados con el embarazo, maternidad o permisos por cuidado de hijo o debido a violencia de género, y que hacían desaparecer los presupuestos legales para facultar al empleador a dar por resuelta la relación laboral.

En cambio si se declara improcedente, cuando el despido es injustificado pero a pesar de ello válido, existía obligación de abonar igualmente los salarios de tramitación.

Con la anterior normativa, el empresario, podía quedar exonerado del abono de los mismos, si reconocía la improcedencia del despido (despidos express", en el plazo de las 48 horas siguientes a producirse el despido, poniéndolo en conocimiento del trabajador y ofreciéndole la indemnización correspondiente al despido improcedente y, en caso que fuera rechazado el ofrecimiento por el trabajador, consignando el importe de la indemnización, en ese mismo plazo, en el Juzgado de lo Social correspondiente.

La novedad supone que, a partir del pasado día 12 de febrero de 2012 -fecha en la que entra en vigor la actual reforma-, tan sólo se abonarán los salarios de tramitación en el caso que se proceda a la readmisión del trabajador, y no en los casos de improcedencia en los que se produzca la extinción del contrato.

El Gobierno justifica la desaparición de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes en los que el empresario opte por la indemnización, en que el tiempo de duración del proceso judicial no parece un criterio adecuado para compensar el perjuicio que supone la pérdida del empleo, pudiendo, además, el trabajador acceder a la prestación de desempleo desde el mismo momento en que tiene efectividad la decisión extintiva. Además, los salarios de tramitación pueden actuar en ocasiones como un incentivo para estrategias procesales dilatorias, pese a lo cual, entendemos que no estaban de más al servir para garantizar en ciertos casos los derechos del trabajador y servir de frento a los abusos empresariales en materia de despido.

Así, la nueva redacción del artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores dispone que "En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación."

Hay que señalar que si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la opción entre indemnización o readmisión corresponderá siempre a éste, y tanto si opta por una como por otra, tendrá derecho a los salarios de tramitación.

Recordemos que la readmisión se puede producirse en los siguientes casos:

  • I. Con anterioridad a la Sentencia Judicial: siempre que exista el acuerdo de ambas partes en que se produzca la readmisión, pues, no cabe la sola voluntad de una de las partes.
  • II. Con posterioridad a la Sentencia Judicial:
    1. a) Por voluntad del empresario, una vez declarada la improcedencia del despido, en el caso que no opte por la extinción del contrato, optando así por la readmisión.
    2. b) Por imperativo legal, en los casos en los que el despido sea declarado nulo, ya que en estos casos el Juez está obligado a condenar a la inmediata readmisión del trabajador.
    3. c) Por optarlo así el trabajador, cuando éste tenga la condición de representante legal de los trabajadores, en cuyo caso, una vez declarado el despido improcedente por sentencia judicial, la opción entre la extinción y la readmisión le corresponde a él.

En todos los anteriores casos, el empresario deberá abonar los salarios de tramitación, sin que en estos supuestos se haya producido novedad alguna.


Consecuencias de la reforma

Las principales consecuencias de esta importante reforma son:

  • 1. Mayor facilidad para despedir
  • A decir de algunos las empresas tendrán un menor miedo a despedir y una mayor libertad en hacerlo, pues ahora, las consecuencias de que se les condene a un despido improcedente sin salarios de tramitación suponen un menor coste.
  • 2. Mayor judicialización de los despidos
  • La inexistencia de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes, es un incentivo para que el empresario no alcance acuerdos extrajudiciales, obligando de esta manera al trabajador a tener que recurrir el despido, en la mayoría de los casos, pues, a partir de la reforma al empresario le dará igual tener que abonar la indemnización una vez que se dicte sentencia que en el momento de proceder al despido.
  • 3. El despido improcedente tendrá un mayor coste para el trabajador
  • Dado que, a partir de la Reforma, pocos empresarios querrán reconocer la improcedencia del despido, en el momento de producirse la extinción, dejarán en manos del trabajador la impugnación del despido, lo que acarreará que éstos tengan que soportar obligatoriamente sus costas procesales, cuando con anterioridad a la Reforma, en la mayor parte de los despidos el empresario reconocía la improcedencia y abonaba la indemnización (despido Express) evitando que el trabajador tuviera que costearse un proceso judicial para obtener una declaración de improcedencia.
  • 4. Negociaciones del despido a la baja
  • A partir de ahora, se producirá un efecto contrario, esto es, si bien antes de la Reforma, en el proceso de negociación extrajudicial, era el trabajador el que ponía entre las cuerdas al empresario para alcanzar un acuerdo, sabiendo que de no aceptarlo se exponía a ser condenado a abonar los salarios de tramitación, tras la Reforma, sin obligación de abonar salarios de tramitación, el empresario no tendrá necesidad alguna de alcanzar un acuerdo extrajudicial, excepto que el trabajador se avenga a aceptar una menor indemnización. Decimos esto, por cuanto, al no existir salarios de tramitación, reconocer la improcedencia extrajudicialmente, o que se declare ésta judicialmente, mediante sentencia judicial, tendrá las mismas consecuencias, es decir, el mismo coste, en uno u otro supuesto, para el empresario.
  • 5. Incremento de los “despidos express” pero sin el abono de indemnización
  • Efectivamente, si con anterioridad a la Reforma, el llamado “despido express” obliga al empresario a ofrecer la indemnización al trabajador, en el momento de producirse el despido, si no quería pechar con los salarios de tramitación, en la actualidad, el empresario podrá proceder a comunicar el despido, sin tener que abonar indemnización alguna hasta que una sentencia judicial le obligue a hacerlo, y ello, sin que se le pueda condenar a abonar los salarios de tramitación por no hacerlo en el momento del despido, lo que conllevará una mayor práctica de este tipo de despido.


    Edición: Agosto 2012
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